LA PARADOJA DE LA “ESTAFA LEGISLATIVA”

LA PARADOJA DE LA “ESTAFA LEGISLATIVA”

En España tenemos la sensación de que la maraña legal es tremenda, enredada, complicada, ininteligible y orquestada con el único fin de poner todos los impedimentos del mundo a las personas normales, mientras se favorece a los enchufados, paniaguados, amiguetes y similares.

Así se desprende de textos como éste que describe con ejemplos las peripecias de diversos empresarios que intentan poner en marcha sus negocios o actividades y solo lo consiguen tras ingentes sumas de tiempo y dinero, o acaban desistiendo.

Y, en realidad, no seré yo quien desmienta una cuestión de base de este argumentario: Es cierto que en muchísimas ocasiones, todo es tan farragoso, tan lento y tan caro, que es comprensible que los que lo intenten, fracasen sin haber logrado su objetivo, y, además, haya muchos que ni siquiera se pongan a intentarlo.

En muchas ocasiones, todo es tan farragoso, tan lento y tan caro, que es comprensible que quienes lo intentan, desistan sin haber logrado su objetivo.

Pero sí que discrepo en la mayor: no creo que el objetivo y finalidad de toda esta burocracia sea “hacer la puñeta” al emprendedor, al “lanzado”, al que se anima a poner en marcha su actividad. No.

Tampoco creo que el objetivo sea favorecer caminos más cortos para quienes los conozcan. Entiendo, comprendo y tengo aceptado que este sistema, sumado a la especial forma de ser de algunas personas, favorezca que no todo se haga por derecho propio y salgan beneficiados quienes saben atajos. Pero la maraña burocrática, esa ¿estafa legislativa o cúmulo de leyes que garantizan la correcta administración? en la que estamos inmersos, no se ha creado con este fin.

¿Por qué, entonces, se ha llegado a esta situación? ¿Qué motivo es el que causa la creación de tanta y tanta ley, de tanto paso intermedio, de tanta tasa, de tanto estudio, informe y proyecto, de tanto tiempo de espera? Pues no hay uno solo, a mi parecer, sino que son varios:

  1. La necesaria supervisión por parte de la administración
  2. Las garantías (plazos, recursos, )
  3. La ecología y protección al medio ambiente.
  4. Los derechos de todo el mundo.
  5. La seguridad
  6. La necesidad de definición técnica.

La necesaria supervisión por parte de la administración

En un mundo tan regulado como el actual, es evidente que cuando alguien va a poner en marcha una actividad, debe ser supervisado por la administración.

Si todo el mundo “hace de su capa un sayo”, el resultado será que cada cual hará lo que le parezca y donde le parezca, unos con mayor criterio que otros y con menor o mayor ajuste a lo que dicta la lógica, la ley, y el sentido común. Es necesario un control y un registro de todas las actuaciones, y una delimitación de las responsabilidades de los implicados. Quien regula y controla todo esto es la Administración del Estado, como parte fundamental de sus atribuciones.

Sin supervisión de la Administración, cada cual hará lo que le parezca, con menor o mayor lógica, sentido común o ajuste a la ley.

Las garantías

Cualquier actividad económica que se ponga en marcha puede generar perjuicios o molestias a otras personas u organismos.

Por lo tanto, estos posibles afectados deben disponer de un plazo para revisar esta actividad y poder formular las alegaciones que consideren necesarias en favor de sus intereses.

E, igualmente, tras ellas, el promotor debe poder también defenderse, argumentar, corregir, etc, su propuesta de cara a poder validarla. En ambos casos, esto supone plazos, perfectamente regulados por las leyes, que hacen que los tiempos se dilaten.

La ecología y el medio ambiente

Entramos en más detalle: cualquier actividad que se pone en marcha hoy en día puede afectar al mundo, así en general.

En concreto, a la fauna y la flora y a la composición del planeta, en todo o sus partes: ríos, mares y demás cursos de agua, bosques, reservas de especies protegidas… ¡hasta al paisaje! Son muchos los aspectos en que pueden verse afectados, desde la simple ocupación, hasta las emisiones de gases, basuras, ruidos o tráfico, por citar algunos ejemplos.

Bien, el promotor puede declarar, incluso bienintencionadamente, que su actividad no afecta. Pero, seamos lógicos, ¿nos fiamos de lo que declare una parte interesada?

¿De verdad vamos a aceptar que el promotor de una bodega ecológica en medio del campo no emite ruidos, solo porque él lo diga? ¿Vamos a aceptar que no hay nadie a quien afecte, solo porque no haya una población cercana? ¿Quién nos asegura que no hay colonias de aves protegidas, o reservas de animales a quienes el ruido puede hacer emigrar a otros parajes menos adaptados a ellos?

El papel de la administración no es desconfiar, sino comprobar.

¿No es lógico que se deba hacer un estudio –de ruido, de emisiones, de residuos, de tráfico, etc- en el que se certifique y compruebe que la actividad no va a tener consecuencias irreversibles en todos estos aspectos? Y, como es lógico, ¿no debe ser la administración quien lo compruebe y certifique?

¿Alguien tiene algo que decir en contra de esto?

Los derechos de otras personas y colectivos

Hoy en día está más que reconocido que todo el mundo, desde los grupos más grandes, hasta las individualidades más minoritarias, tienen unos derechos que no se pueden conculcar, y que deben ser respetados.

La cuestión trasciende más allá del mero cumplimiento de normas y leyes, y entra de lleno en la libertad personal, en la posibilidad de aceptar cualquier declaración personal, cualquier objeción, cualquier manifestación, pensamiento o idea, en el sentido de aceptar o rechazar algo, o de comprender que una persona pueda sentirse molesta, ofendida o marginada.

Por lo tanto, hay que escuchar a todo el mundo, aunque sea una minoría, y tener en cuenta sus derechos. Entre los cuales puede estar el derecho a la intimidad, a sus creencias, a sus gustos o a sus necesidades.

Por ejemplo, una persona puede sentirse molesta porque instalen un matadero cerca de su casa (aunque tenga, ¡por supuesto!, todos sus permisos), o un colegio que incremente el tráfico en las zonas por las que él se mueve… la casuística es muy variada y, por supuesto, no despreciable. Habrá que justificar adecuadamente el porqué de cada actividad y su idoneidad y adaptación a leyes y normativas.

La seguridad

Uno de los aspectos más obvios. Nadie quiere que una fábrica de fuegos artificiales pueda explotar cerca de su casa, o que una avioneta pueda caer sobre su tejado.

Hoy en día, todas las instalaciones técnicas, TO-DAS, están afectadas por normativa de seguridad, que está encaminada a evitar incendios, contaminación, ruido, daños a las personas, facilitar la evacuación, impedir accidentes, etc.

Nadie quiere sufrir un desastre que se podría haber evitado con las medidas de seguridad adecuadas.

Todo esto está más que regulado desde hace tiempo: las instalaciones y actividades deben ser diseñadas por un técnico competente, ajustadas a la normativa que les afecta, y certificado su cumplimiento, tanto por el citado técnico, como por los organismos y administraciones que regulan cada actividad en concreto.

El cuidado de los aspectos de seguridad nos evitará desastres y tener que lamentar incluso la pérdida de vidas humanas.

La necesidad de definición técnica

También estaremos todos de acuerdo en que nadie sabe de todo, y hay muchas cuestiones que deben ser definidas técnicamente.

Por muchas razones: las citadas de seguridad, pero también económicas (para no encarecer innecesariamente), de funcionalidad (no todos los aparatos o dispositivos trabajan igual ni son iguales todos los trabajos que se necesitan hacer), o de adaptación.

No es lo mismo un horno para fabricar pan de forma industrial que uno para apoyo de la cocina de un pequeño bar.

Será necesario dar una definición de todos los aspectos técnicos (y, por ende, económicos) de las instalaciones, maquinaria y medios de producción necesarios, a fin de que hagan su cometido de la mejor manera posible y con el menor coste e impacto.

Propósitos no tan oscuros, resultados con muchas sombras

Como resultado, cuando un promotor instala o inicia una actividad, debe verse sometido a un proceso de control y regulación que generará una serie de trámites, que a su vez harán necesario el empleo de tiempo y dinero.

Pero que no –necesariamente- están realizados y establecidos para favorecer a nadie o para dar rienda suelta a casos de nepotismo o corrupción. Todo tiene su porqué, su lógica y su fundamento.

Y, como todo en la vida, cuando las cosas están fundamentadas, explicadas y razonadas, toman su verdadera razón de ser y se convierten en legítimas y con derecho propio.

Y a ti, ¿Qué tal te ha ido en tus encuentros con la Administración? Todos tenemos batallas que contar, te animo a compartirlas conmigo en los comentarios.

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